España necesita asesoría fiscal y una profunda transformación para que exista total independencia del poder ejecutivo, legislativo y judicial; pilares fundamentales de la democracia. Los principios que inspiran nuestra Carta Magna deben asegurar el cumplimiento de la norma suprema y garantizar una sociedad justa.
La estructura impositiva de un país condiciona la inversión y promueve el desarrollo económico. Por lo tanto un buen sistema tributario es aquel que recauda con generalidad y equidad, que estimula la economía y soporta el gasto público.
España tiene un sistema fiscal insuficiente, profundamente injusto y defraudador.
Insuficiente
Está claro que la recaudación en España es insuficiente para garantizar un estado de bienestar fuerte. Así que tarde o temprano la subida de impuestos llegará para cubrir el déficit y garantizar el cumplimiento de las políticas sociales.
España ingresa 6,3 puntos de PIB menos que la media de la eurozona, lo que supone un déficit anual de 75.000 millones de euros, imprescindibles para construir un estado de bienestar avanzado.
Injusto
En España la principal fuente de recaudación no proviene de las grandes empresas o personas adineradas como ocurre en cualquier país desarrollado. Lo que demuestra que el sistema de tributación español es profundamente injusto y por ello a continuación analizaremos las cifras.
En 2013 la estructura impositiva del estado español mostraba que:
- 42,1% provenía de las renta de personas físicas
- 32,0% provenía del impuesto sobre el valor añadido
- 11,4% provenía de impuestos especiales
- 9,9% provenía de sociedades y
- 4,6% de otros impuestos y tasas.
En 2020 la proporcionalidad se mantuvo, es decir fueron los trabajadores lo que soportaron la mayor carga impositiva. Tal fue el caso, que en un año de pandemia catastrófico para todos, el resumen de la Agencia Tributaria mostraba que el IRPF tuvo un comportamiento favorable y el impuesto de sociedades desfavorable, con un aumento en la recaudación del 1,2% y una reducción del 33,2%; respectivamente.
Defraudador
España tiene un sistema defraudador y ello en parte se debe a que la administración tributaria tiene 40% menos personal que el conjunto de la Unión Europea. En otras palabras mientras que España tiene 53 personas por millón de habitantes, la media de países europeos tiene 86 personas por millón de habitantes.
A pesar de la falta de recursos, las autoridades fiscales detectan en cada ejercicio, distintos tipos de evasión fiscal entre los que destacan:
- Una declaración inferior de ingresos mediante la supresión de ventas electrónicas
- Declaración superior de deducciones utilizando facturas falsas
- Contabilidad en B para la economía del efectivo
- Consumo colaborativo, online, etc
Por si fuera poco las autoridades tributarias denuncian que el plazo de prescripción es corto por lo que muchos bufetes utilizan argucias legales para dilatar, atenuar o anular las penas de los defraudadores.
Asimismo el techo de 4 millones de euros para actuaciones de carácter general es limitativo, por lo que las inspecciones siempre caen sobre las pequeñas empresas. Todo esto, no solo dificulta la libre competencia sino que pone en situación de desventaja a las pequeñas frente a las grandes.
Para finalizar, los expertos en asesoría fiscal afirman que el 70% del fraude es causado por grandes empresas o grandes fortunas. De hecho el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) afirmó en el Congreso de los Diputados que los pequeños negocios todavía tributan porcentualmente tres veces más que las grandes empresas.
En conclusión España recauda poco y mal, castigando a los que tienen menos.
Los impuestos regresivos y progresivos
Los impuestos son más regresivos o progresivos en la medida que tienen menor o mayor relación con los ingresos del contribuyente.
Casi la mitad de la recaudación proviene de impuestos muy regresivos como el Impuesto al Valor Añadido y los impuestos especiales. En los que los consumidores pagan por igual independientemente de su renta.
La otra mitad proviene del Impuesto de Personas Físicas (IRPF), que es el impuesto más importante, el que mayor recaudación aporta. Este en teoría es justo, pero en la práctica profundamente injusto. Este impuesto recoge rentas por rendimiento del trabajo, rentas de capital (mobiliario e inmobiliario) y rentas por rendimiento de actividades económicas, pero la realidad muestra que el 85% proviene de los trabajadores y sólo el 15% del capital y actividades económicas.
Idénticamente ocurre con el impuesto de sociedades, que en teoría debiera tener un carácter progresivo pero que en la práctica es profundamente regresivo. Es decir, según reza la teoría en asesoría fiscal, las grandes empresas deberían pagar el 30% de sus beneficios y las pequeñas y medianas el 25%, pero Hacienda solo ingresa el 17,7% de las ganancias empresariales.
El IRPF y el impuesto de sociedades nos muestra que quienes menos tienen pagan más, o sea los trabajadores y las pymes pagan más impuestos que los grandes capitalistas y emporios, lo cual no sólo constituye una injusticia sino también una fórmula de empobrecimiento para la sociedad.
España clama por una reforma fiscal
Todo lo antes expuesto hace ver que a España le hace falta una reforma fiscal. En ello probablemente estemos de acuerdo el conjunto de los españoles, ahora en lo que seguro no estaremos de acuerdo, es a quienes hay que tocarles el bolsillo.
Por eso hay un refrán que dice que “Nunca llueve a gusto de todos”.
Según ha explicado la Ministra de Hacienda Ma. Jesús Montero, ya está visto que los trabajadores pagan muchos impuestos y no se les debe elevar la carga tributaria.
Así que todo apunta a que el sablazo caerá a los hosteleros y a ese IVA reducido del 10% que ahora aplican a su actividad.
También tocarán al Impuesto de Sociedades que como hemos visto ha venido reduciendo su contribución al gasto público.
Además para que la reforma fiscal funcione deberá ir acompañada de más personal en la administración tributaria, por lo que no debiera verse como un gasto si consideramos los miles de millones de euros que se pueden recaudar.
De igual forma se debe dotar al fisco de soluciones tecnológicas efectivas para que las autoridades puedan detectar y evitar todos los tipos de evasión y fraudes fiscales.
Esta reforma fiscal puede asegurar a los españoles un pago de impuestos progresivo que en lugar de crear desigualdades, construya desarrollo y genere bienestar social.
Se habla de que la reforma fiscal se efectuará una vez se alcance la recuperación. Por lo que no será antes de 2023, cuando el PIB se equipare al de 2019.
Aunque a lo mejor todas estas necessarias reformas se vuelven papel mojado, ya que las elecciones generales están previstas para Noviembre de 2023 y, nadie sube impuestos en víspera de una consulta electoral.
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